Sheinbaum enviará reforma para impedir candidaturas vinculadas con la delincuencia organizada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de evitar que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan convertirse en candidatas o candidatos de cualquier partido político rumbo a las elecciones de 2027.

La iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE) y que tendría la función de revisar perfiles de aspirantes mediante consultas a instancias de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.

La reforma busca reforzar los filtros para candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027

Durante la conferencia matutina conocida como “Las mañaneras del pueblo”, Sheinbaum explicó que la propuesta ha sido trabajada desde hace tiempo y que se decidió enviarla de inmediato para que pueda ser considerada antes del próximo proceso electoral federal.

La mandataria subrayó que la reforma se desarrolló bajo el principio constitucional de la presunción de inocencia y aclaró que el mecanismo no busca sustituir investigaciones judiciales, sino ofrecer información preventiva a los partidos políticos sobre posibles riesgos relacionados con aspirantes a candidaturas.

“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, afirmó la presidenta.

Cómo funcionará la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la nueva Comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.

Su función principal será servir como enlace entre los partidos políticos y distintas autoridades federales para analizar si existen elementos que representen un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.

Las instituciones que participarían en la revisión de aspirantes a candidaturas

De acuerdo con la propuesta, la Comisión consultará información con las siguientes dependencias:

• Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
• Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
• Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
• Fiscalía General de la República (FGR)

Estas instituciones analizarán los perfiles enviados por los partidos políticos y determinarán si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable” respecto a posibles nexos con actividades delictivas.

Los partidos políticos decidirán si registran o no candidaturas señaladas

La propuesta establece que la participación de los partidos políticos será voluntaria. Cada fuerza política podrá entregar a la Comisión la lista de personas aspirantes a candidaturas para que sean evaluadas.

Una vez realizada la revisión, la Comisión notificará a los partidos si existe algún riesgo detectado y señalará qué instituciones emitieron dicha observación.

Con base en esa información, serán los propios partidos políticos quienes determinen si continúan o no con el registro de la candidatura.

Sin embargo, en caso de encontrarse información relevante, las dependencias de seguridad e inteligencia podrán continuar con las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones legales.

Los aspirantes deberán autorizar la revisión de información

La iniciativa también contempla que toda persona interesada en competir por una candidatura deberá manifestar expresamente su consentimiento para ser evaluada por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

Además, el proceso se realizaría bajo estrictas condiciones de confidencialidad y la información obtenida tendría carácter reservado para no afectar el debido proceso ni vulnerar investigaciones en curso.

Con esta reforma, el Gobierno federal busca fortalecer los mecanismos de transparencia y control en los procesos electorales, así como impedir la posible infiltración del crimen organizado en cargos de representación popular.