Avanza en San Lázaro la reforma a la ley de amparo entre el rechazo de la oposición

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, con un total de 345 votos. La discusión, que se anticipaba prolongada debido al rechazo de la oposición, resultó en la aprobación del dictamen, el cual incluye una corrección al régimen transitorio solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A pesar de la votación mayoritaria, legisladores de la oposición (PAN y PRI) presentaron alrededor de 300 reservas que serán desahogadas durante la discusión en lo particular.

¿Qué implica la nueva ley de amparo y cómo te afecta?

La reforma, que fue el único punto a debatir en la sesión, busca modernizar y armonizar los procedimientos del juicio de amparo para hacerlo más ágil, transparente y eficiente. El nuevo dictamen elimina el controversial artículo transitorio que había sido aprobado en el Senado, el cual abría la puerta a la retroactividad y había sido considerado violatorio de la Constitución.

El diputado de Morena, Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia, defendió que con los ajustes se “moderniza” el juicio de amparo con el uso de herramientas digitales y el reconocimiento del amparo en línea. Se incorporó el uso de la firma electrónica y notificaciones digitales, aunque la modalidad electrónica no será obligatoria para las personas quejosas. El objetivo es evitar “dilaciones y abusos procesales” y hacer más eficiente el trámite.

Interés legítimo y suspensión del acto reclamado: los puntos de la discordia

Moreno Rivera aseveró que la suspensión del acto reclamado se mantiene como una herramienta esencial de protección, pero se previene su uso abusivo. Recalcó que la suspensión “no podrá emplearse para encubrir actividades ilícitas, lavado de dinero, evasión fiscal, ni para detener actos de interés público que beneficien a la sociedad”.

Mariana Benítez, al exponer la postura de la bancada de Morena, indicó que es “falso” que la reforma elimine el juicio de amparo. La diputada argumentó que la reforma es necesaria debido a que existía un “abuso” y un desequilibrio judicial.

Una de las modificaciones clave es la precisión de la figura de “interés legítimo” para evitar demandas sin sustento y litigios abstractos. Se establece que el interés legítimo deberá derivar de una afectación real, individual o colectiva, actual y diferenciada, cuya reparación genere un beneficio cierto. El diputado Moreno Rivera afirmó que esta medida no cierra la puerta a los derechos colectivos, sino que les da un marco jurídico más sólido y coherente con la jurisprudencia de la Suprema Corte.

Contexto y Detalles

La discusión inició con el rechazo de la oposición, cuyas mociones suspensivas (presentadas por el PAN, Movimiento Ciudadano y PRI) fueron desestimadas por la mayoría.

Las bancadas opositoras manifestaron su profundo rechazo, con legisladores que reunieron 131 votos en contra. El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Lixa, criticó que la modificación dejará en indefensión el derecho de grupos y comunidades. Lixa argumentó que la mayoría busca proteger a los poderosos, ejemplificando con un amparo que ganaron apicultores contra la empresa Monsanto. Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, adelantó su voto en contra, señalando que la iniciativa “proviene del poder” y la intolerancia.

Incluso dentro de la bancada mayoritaria, se manifestó disidencia: la ex ministra y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, anunció un voto particular luego de haber advertido previamente en comisiones sobre los efectos negativos de la redacción original.

Alertan académicos: la reforma podría debilitar la justicia ambiental en México

Sobre la redefinición del “interés legítimo,” académicos de la Universidad Iberoamericana (IBERO) han advertido que la restricción de este concepto “pondría en riesgo el desarrollo efectivo” de la justicia ambiental. El Dr. Raúl Gutiérrez Patiño, del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la IBERO, afirmó que limitar el interés legítimo afecta la capacidad de colectivos y personas para proteger el derecho a un medio ambiente sano y reclamar la reparación de daños.

El Dr. Gutiérrez Patiño detalló que la restricción generaría contradicciones con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, dificultando el argumento de defensa del bien jurídicamente tutelado en materia ambiental. El especialista enfatizó que al acotar el interés legítimo, se limitan las capacidades de colectivos y personas para hacer frente a irregularidades o afectaciones jurídicas.

Tras la aprobación en lo general, se espera que la mayoría de Morena deseche las cerca de 300 reservas presentadas por el PRI y el PAN durante el proceso de discusión en lo particular.