Adiós a los abusos: aprueban en México la cancelación digital de tarjetas bancarias no solicitadas
La Cámara de Diputados de México aprobó hoy, 12 de noviembre de 2025, por unanimidad (467 votos a favor), una iniciativa de reforma que permite a los usuarios cancelar por vías digital y telefónica las tarjetas de crédito o tarjetas de débito que les envían las instituciones financieras sin haber sido solicitadas. La reforma, propuesta por el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, busca proteger a aproximadamente 40 millones de usuarios frente a los “abusos” bancarios, evitando cobros indebidos y reportes negativos al Buró de Crédito. La propuesta reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y fue avalada en fast track, siendo enviada al Senado para su ratificación.
La iniciativa de Monreal Ávila se centra en garantizar un procedimiento ágil y eficaz para la terminación de contratos de tarjetas, atacando la práctica común de las instituciones financieras de enviar tarjetas a los domicilios sin solicitud. Esta práctica ha provocado que, al transcurrir un año, se cobren anualidades e incluso intereses moratorios, llevando a muchos usuarios a terminar con un historial negativo en el Buró de Crédito. Según la CONDUSEF, en 2024 se atendieron 7,594 casos de reclamaciones por solicitudes de cancelación que no fueron atendidas.
Para solucionar estos problemas, la reforma establece una serie de adecuaciones clave:
Sobre la Cancelación y los Plazos:
- Las entidades emisoras de tarjetas deben garantizar el derecho del usuario a cancelar, ofreciendo mecanismos presenciales, telefónicos y digitales.
- Los mecanismos digitales deben incluirse en aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales, a través de un botón visible y de acceso directo disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
- La cancelación debe realizarse en un plazo máximo de cinco días a partir de la solicitud del usuario.
- Se prohíbe expresamente cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación.
- La terminación del contrato debe formalizarse mediante prueba digital o física que certifique la cancelación en un plazo no mayor de cinco días hábiles.
Sobre Cargos Indebidos y Tarjetas No Solicitadas:
- La emisión de una tarjeta de crédito o débito sin el consentimiento expreso del usuario es declarada nula de pleno derecho.
- En consecuencia, no es necesaria la cancelación por parte del usuario para las tarjetas emitidas sin su consentimiento.
- Las entidades financieras y comerciales no podrán cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente o sin consentimiento expreso.
- Queda estipulado que no podrán generarse cargos por anualidad, comisiones u otros conceptos asociados a estas tarjetas no solicitadas.
- El historial crediticio o la falta de uso de dichas tarjetas no podrá tener efectos ni ser reportado al Buró de Crédito.
- Las instituciones financieras estarán obligadas a reembolsar los cargos indebidos derivados de dichas tarjetas en un plazo de cinco días hábiles a partir del reporte.
El legislador Monreal lamentó la situación actual en México donde, a diferencia de países como Estados Unidos donde basta una llamada para cancelar, en México, el trámite requiere la presencia física en la mayoría de los casos y se aplican tardanzas “a propósito” para desgastar al usuario y que este desista de la cancelación.
La propuesta busca garantizar que la cancelación de tarjetas sea un derecho real y efectivo para los usuarios, reforzando el principio de adhesión voluntaria en la contratación de servicios. Aunque Monreal enfatizó que la reforma es indispensable para proteger a las personas usuarias, reconoció que habrá dificultades para su implementación y que probablemente existan cabilderos de los bancos en la Cámara o en el Senado tratando de “echarla abajo”. No obstante, el objetivo primordial es proteger a los usuarios, extendiendo sus derechos y asegurando que las autoridades competentes, como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), velen por la observancia de estas nuevas disposiciones.
Esta reforma actúa como un mecanismo de defensa rápido para los consumidores, transformando el proceso de cancelación de un laberinto burocrático en una vía directa, similar a instalar un “botón de pánico” financiero en la palma de la mano del usuario.
