México responde con firmeza a la OEA y defiende elección judicial del 1 de junio
Gobierno de México rechaza informe de la OEA sobre elección judicial del 1 de junio
El Gobierno de México manifestó su firme rechazo al informe preliminar emitido por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el cual cuestiona el modelo mexicano de elección judicial realizado el pasado 1 de junio.
Reclamo formal de México ante la OEA por exceder atribuciones
A través de una nota diplomática enviada por la Misión Permanente de México ante la OEA al secretario general Albert Ramdin, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente, acusó a la MOE de haber rebasado su mandato e incurrido en acciones contrarias a los principios fundamentales de la OEA.
En particular, la Cancillería mexicana citó el Artículo 3, inciso e de la Carta de la Organización, el cual establece que “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”.
La postura de México: defensa del ejercicio democrático y de su soberanía
El Gobierno mexicano destacó que una misión de observación electoral no tiene facultades para imponer criterios sobre cómo deben organizarse los países en el diseño de su Poder Judicial, ni para emitir juicios de valor que sobrepasen sus atribuciones.
Además, la SRE enfatizó que la organización del proceso y la realización de los comicios del 1 de junio se llevaron a cabo conforme a la Constitución y a las leyes electorales vigentes en México.
Críticas del informe preliminar de la OEA al modelo judicial mexicano
La Misión de Observación Electoral de la OEA emitió un informe en el que recomendó no replicar el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados, al considerarlo sin precedentes a nivel mundial y potencialmente riesgoso para la imparcialidad, independencia y eficacia del Poder Judicial.
Baja participación ciudadana y problemas logísticos señalados
Uno de los puntos más señalados por la MOE fue la baja participación electoral, que alcanzó apenas el 13% del padrón, así como un alto porcentaje de votos nulos y no marcados (10.80%). Según el informe, esto podría deberse al poco tiempo disponible para desarrollar el proceso electoral.
Preocupaciones sobre coacción al voto y perfiles de candidatos
La misión expresó inquietud por la circulación de “acordeones” que incluían listas de candidatos sugeridos, lo que podría considerarse una forma de coacción al voto. Además, cuestionó la idoneidad de los aspirantes, al no haberse utilizado exámenes estandarizados para su selección.
Impacto del modelo en la independencia judicial y posibles fines electorales
La OEA advirtió que la posibilidad de reelección y los mandatos de nueve años para jueces y magistrados podrían derivar en decisiones judiciales influenciadas por fines políticos, en lugar de criterios técnicos y jurídicos.
Composición de la nueva Suprema Corte y dudas sobre autonomía
En cuanto a la integración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, la MOE señaló que seis de los nueve ministros fueron propuestos por una comisión del Ejecutivo, mientras que tres ya formaban parte del órgano. Esto, según el informe, plantea interrogantes sobre la autonomía del máximo tribunal.
Organismos internacionales también expresaron preocupaciones
La Misión de Observación recordó que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han manifestado reservas en torno a la compatibilidad de la reforma judicial mexicana con estándares internacionales sobre la independencia del poder judicial.
Advertencias para futuros procesos electorales
De cara a las próximas elecciones judiciales previstas para 2027, la OEA advirtió que podrían coincidir con elecciones generales, lo cual incrementaría el riesgo de influencias partidistas, a menos que se ajusten los calendarios electorales.
Mientras tanto, el Gobierno de México ha reiterado que continuará defendiendo su soberanía y la legitimidad de sus procesos democráticos ante cualquier señalamiento que considere intrusivo o fuera de lugar.
