INAH abre proceso legal contra MrBeast por grabaciones en zonas arqueológicas
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que clasificó como reservados los permisos concedidos al creador de contenido estadounidense MrBeast para grabar en zonas arqueológicas mexicanas. Esta decisión responde a un procedimiento jurídico-administrativo vigente contra la empresa Full Circle Media S.A. de C.V., vinculada al influencer.
Procedimiento legal y confidencialidad de documentos hasta 2030
La respuesta oficial del INAH, emitida tras la solicitud de transparencia número 330018325000312, indica que la información relacionada con los permisos podría permanecer confidencial hasta el año 2030. El Instituto argumentó que la divulgación anticipada podría provocar resultados perjudiciales debido a que el procedimiento legal continúa abierto.
Contexto del caso: grabaciones de MrBeast en sitios arqueológicos mayas
El conflicto surgió tras la publicación del video titulado originalmente “Me pasé 100 horas explorando la selva maya”, renombrado después como “Exploré templos de 2,000 años de antigüedad”. En este material, MrBeast visita sitios emblemáticos como Chichén Itzá, Calakmul, Becán y Chicanná.
El contenido combina exploración con menciones comerciales a marcas como Walmart, 7-Eleven y Feastables (su propia marca de chocolates), lo que provocó críticas por el posible uso comercial de zonas protegidas por la ley mexicana.
Contradicciones del INAH sobre los permisos y acusaciones de abuso
Inicialmente, el INAH aseguró que la grabación contó con los permisos correspondientes. Sin embargo, días después modificó su postura y señaló un posible “abuso de confianza”, argumentando que el permiso fue solicitado para un documental, pero se utilizó para un video con fines comerciales. Esto podría contravenir la Ley General de Bienes Nacionales y un acuerdo presidencial que prohíbe la explotación comercial del patrimonio cultural.
El Instituto también rechazó informar si se realizó algún pago por el uso de las zonas arqueológicas. Aunque el proceso se inició el 14 de mayo, no se ha especificado cómo se sancionaría una posible infracción, considerando además las limitaciones para procesar legalmente a empresas extranjeras.
Respuesta de MrBeast y alegatos de cumplimiento legal
MrBeast negó cualquier irregularidad en sus grabaciones. En redes sociales afirmó que su equipo actuó conforme a la ley y estuvo acompañado por personal del INAH y arqueólogos. Además, aseguró que las menciones comerciales se grabaron fuera de las zonas arqueológicas y que los permisos se gestionaron con autoridades estatales y la Secretaría de Turismo, no directamente con la Secretaría de Cultura.
El influencer también destacó que financió proyectos comunitarios, como la construcción de pozos de agua, y que colabora con el INAH para establecer un fondo que apoye la investigación arqueológica.
Falta de coordinación entre autoridades federales y estatales agrava el conflicto
El caso ha evidenciado una poca coordinación entre autoridades federales y estatales. La Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, condenó el uso comercial del patrimonio cultural, mientras que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, defendió públicamente a MrBeast, destacando el impacto económico y turístico positivo en las comunidades locales.
Sansores incluso solicitó que la Secretaría de Cultura dirigiera cualquier inquietud directamente al gobierno de Campeche, ya que esa administración asumió la gestión del proyecto. Por su parte, el gobierno de Yucatán no ha emitido postura oficial; sus secretarías de Cultura y Turismo negaron tener competencia en las autorizaciones, a pesar de que algunos sitios filmados, como Chichén Itzá, están en su territorio.
Buscan solución conciliatoria y reparación del daño al patrimonio nacional
El director del INAH, Diego Prieto, informó que se busca una solución conciliatoria con el equipo de MrBeast, proponiendo tres condiciones: una disculpa pública por los excesos, un convenio de colaboración y una reparación del daño al patrimonio nacional.
Contexto histórico sobre la reserva de información pública en México
Este no es el primer caso en que el gobierno federal reserva información pública relacionada con proyectos de interés nacional. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional un decreto presidencial que intentaba clasificar ciertas obras como de seguridad nacional. Sin embargo, en 2023 el Ejecutivo emitió un nuevo decreto clasificando como proyectos de seguridad nacional e interés público obras como el Tren Maya, el Tren Interoceánico y los aeropuertos de Palenque (Chiapas), Chetumal y Tulum (Quintana Roo).
