Alejandro Armenta acusa saqueo institucionalizado y enfrenta deuda heredada en Puebla

Gobierno de Puebla combate el saqueo institucionalizado heredado de administraciones neoliberales

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que durante más de una década los gobiernos neoliberales institucionalizaron la corrupción y el saqueo de recursos públicos, lo que colocó a la entidad en una situación financiera adversa que sigue impactando el desarrollo social y económico del estado.

El mandatario señaló que Puebla fue convertida en un verdadero laboratorio de corrupción, donde se diseñaron y aplicaron esquemas que comprometieron recursos públicos que debieron destinarse al campo, la educación, la seguridad y la infraestructura carretera.

Asociaciones público-privadas y proyectos de prestación de servicios, eje del saqueo

Alejandro Armenta explicó que mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) se utilizaron para sistematizar el saqueo del erario. “Da vergüenza que lleguen a cargos públicos para hacer un saqueo brutal”, expresó el Ejecutivo estatal.

Subrayó que su gobierno no persigue a personas ni actúa con omisión o complicidad, sino que emprende acciones jurídicas para resolver compromisos heredados desde hace décadas, siempre con el objetivo de proteger el interés público.

Resolución del Museo Internacional del Barroco genera ahorro histórico

Como ejemplo de esta estrategia, el gobernador destacó la resolución del caso del Museo Internacional del Barroco, que implicó un pago de 2 mil millones de pesos, pero permitió un ahorro histórico de 8 mil millones de pesos para el estado.

Este tipo de decisiones, afirmó, permiten liberar recursos que antes se destinaban al pago de deudas ocultas y redirigirlos a las verdaderas necesidades de la población.

Gobierno estatal enfrenta 89 litigios heredados por más de 5 mil 500 millones

Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que al inicio de la actual administración se encontraron 89 litigios relacionados con obra pública, prestación de servicios, arrendamientos y pagos de facturas.

Detalló que el monto total de las demandas supera los 5 mil 500 millones de pesos, de los cuales 29 casos ya cuentan con sentencia firme por más de mil 500 millones de pesos.

Casos como el CIS y Agua de Puebla comprometen finanzas estatales

García Parra explicó que se trabaja en la terminación anticipada de diversos contratos, como el del Centro Integral de Servicios (CIS), donde ya se han pagado más de 2 mil millones de pesos. Dicho contrato vence en 2037 y solo en 2024 implica un pago de 259 millones de pesos.

En el caso de Agua de Puebla, precisó que una rescisión anticipada del contrato requeriría una indemnización cercana a los 7 mil millones de pesos, lo que refleja la gravedad de los compromisos heredados.

Fin a la deuda oculta y reconstrucción del estado

Finalmente, el coordinador de Gabinete aseguró que el gobierno estatal no permitirá que servidores públicos ni empresas se sirvan del gobierno cuando existen amplias necesidades sociales.

“Pasaremos de la deuda oculta y el saqueo hacia la reconstrucción y recuperación de la grandeza de Puebla”, concluyó García Parra.