Huachicoleo de agua en Puebla: crimen organizado explota escasez hídrica
Durante los primeros días de diciembre de 2025, el estado de Puebla enfrenta una situación crítica debido a la expansión del robo de agua, delito conocido como “huachicoleo de agua“, el cual se ha consolidado como la principal incursión ambiental del crimen organizado en la entidad. Mientras grupos delictivos controlan tomas clandestinas en regiones clave como Tehuacán, Puebla capital y Chignahuapan, la ciudadanía padece una severa escasez, ya que tres de cada cuatro hogares poblanos carecen de la garantía de recibir agua potable diariamente.
Operación de grupos delictivos y mercado negro de pipas
La mecánica de este delito opera de forma similar al robo de combustible: las organizaciones criminales perforan ductos y explotan pozos ilegales para sustraer el líquido, que posteriormente comercializan a través de redes paralelas de “pipas” para abastecer a industrias, comercios y particulares. Autoridades han identificado que estas operaciones son atribuidas principalmente a organizaciones como “USON” y “la Chokiza“. Además, en zonas del conocido “Triángulo Rojo“, como Palmarito Tochapan, Quecholac y Tecamachalco, el agua extraída de pozos ilegales fluye bajo el control de redes que han operado silenciosamente durante años.
El auge de este mercado negro se alimenta de la insuficiencia en el suministro legal. Según el Índice de Progreso Social 2025, solo el 25.5% de los hogares en Puebla cuenta con agua diariamente. Esta carencia se agrava debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha mantenido “congelados” los permisos para uso doméstico; de hecho, solo el 2.7% de las autorizaciones federales en el estado están destinadas a este fin, priorizando al sector agrícola e industrial. La falta de acceso legal al recurso ha propiciado que el agua extraída ilegalmente se venda a precios elevados mediante el servicio de pipas.
Impacto ambiental y restricciones de la Conagua
El fenómeno en Puebla refleja una tendencia nacional donde el crimen organizado diversifica sus ingresos apropiándose de recursos naturales, un saqueo que, aunque menos rentable que el narcotráfico, ofrece ganancias constantes. Aunque la Conagua reconoció la detección de 20 pozos clandestinos en 2024 y realizó clausuras recientes, reportes históricos de la Auditoría Superior de la Federación indican que tan solo en el acuífero de Tecamachalco existían hasta 300 pozos ilegales desde 2016. Esta explotación desmedida no solo afecta la economía de las familias y productores locales, sino que genera un deterioro progresivo de los ecosistemas y la biodiversidad ante la modificación de los ciclos naturales.
