Diputados corrigen al Senado: eliminan retroactividad en la reforma a la Ley de Amparo

El diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, informó el 8 de octubre de 2025, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, que se aprobó la supresión de un polémico artículo transitorio incluido por el Senado en el dictamen de reformas a la Ley de Amparo, el cual hacía referencia a la retroactividad de la ley. Con esta acción, las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público están retomando la propuesta original enviada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo es asegurar que se respete la Constitución federal y, en particular, el principio de no retroactividad que se había “tergiversado” en la redacción senatorial.

El polémico artículo transitorio del Senado contravenía el principio constitucional de no retroactividad

Moreno Rivera explicó ante los representantes de los medios de comunicación que el dictamen aprobado es un “dictamen de salida” de Comisiones Unidas. La supresión de este fragmento se da debido a que “alguien en el Senado tuvo la ocurrencia de ponerle ahí una redacción que se contrapone con nuestra Constitución federal“, poniendo “en entredicho el espíritu original” de la ley. El legislador confirmó que, como cámara revisora, la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de corregir esa “página”.

El párrafo incorporado por el Senado, mediante una reserva de última hora presentada por el morenista Manuel Huerta, señalaba textualmente que “los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto”. El dictamen que se retoma ahora respeta la no retroactividad. Aunque sí se mantienen otros artículos transitorios, se elimina el específicamente propuesto por el Senado.

El PAN califica la corrección como un “distractor” y mantiene su rechazo al 99 % de la reforma

Como reacción, el grupo parlamentario del PAN, a través de los diputados Federico Döring y César Israel Damián, calificó la supresión del transitorio como un “distractor”. Argumentaron que el 99 por ciento restante del proyecto se mantiene en los términos aprobados por el Senado, lo cual restringe el derecho de amparo de los ciudadanos. Döring declaró que no caerán en la “trampa de avalar un proyecto de dictamen que corrige el 1 por ciento, pero deja viva 99 por ciento” de lo que consideran una “quimioterapia a los derechos de los mexicanos”.

Se anuncian audiencias públicas para debatir los cambios mientras avanza el dictamen

La próxima reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público está programada para el lunes. Además, en un acuerdo entre las juntas directivas, se convocaron audiencias públicas sobre las reformas a la Ley de Amparo, consideradas una “victoria de los ciudadanos” por el diputado Damián. Se convocó a especialistas y organizaciones a registrarse para participar en estos foros a partir de la semana próxima.

Contexto

Los cambios propuestos en las reformas a la Ley de Amparo buscan, en términos generales, establecer plazos precisos para las audiencias, con el fin de evitar la dilación de casos judiciales, y desechar recusaciones que busquen alargar procesos. En lo relativo al Código Fiscal, se integran supuestos de revocación para impedir la reapertura indebida de litigios.

Además, las reformas precisan los medios de garantía requeridos para obtener la suspensión en juicios de amparo cuando se impugnen actos de cobro de créditos fiscales firmes. Estas garantías solo podrán constituirse mediante billetes de depósito o cartas de crédito emitidas por instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registradas ante el SAT. También se añaden modificaciones para evitar la promoción de juicios sobre actos que ya fueron resueltos de manera definitiva o para prevenir que los tribunales destinen recursos de forma innecesaria. Finalmente, las disposiciones que limitaban las multas y sanciones penales a las autoridades responsables de incumplir suspensiones o sentencias de amparo serán eliminadas.