T-MEC llega a revisión con la energía y la protección a inversiones como puntos de tensión

México llegará a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con uno de los temas más sensibles de la agenda comercial: la protección de las inversiones extranjeras y las diferencias en materia energética. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos identifica ambos asuntos como factores que podrían marcar las negociaciones entre los dos países.

El análisis plantea que las modificaciones aplicadas por México en el sector energético y el alcance limitado del mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) podrían volver a ocupar un lugar central durante la revisión del acuerdo comercial.

La protección a inversionistas cambió con la entrada en vigor del T-MEC

Durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las empresas extranjeras contaban con un mecanismo que les permitía acudir a tribunales internacionales cuando consideraban que una decisión gubernamental afectaba sus inversiones.

Con la entrada en vigor del T-MEC, ese esquema fue modificado. El tratado eliminó el ISDS entre Estados Unidos y Canadá y redujo su aplicación para México. Actualmente, el acceso pleno al arbitraje internacional permanece únicamente para determinados sectores considerados estratégicos, entre ellos petróleo, gas, generación eléctrica, telecomunicaciones, infraestructura y transporte.

Para el resto de las inversiones, las compañías deben recurrir primero a los tribunales mexicanos durante un periodo de hasta 30 meses antes de solicitar un arbitraje internacional.

Estados Unidos mantiene un debate sobre el alcance del ISDS

El informe recuerda que el mecanismo ha generado posiciones encontradas en Estados Unidos. Mientras sectores empresariales consideran que ofrece certidumbre jurídica para inversiones de largo plazo, otros sostienen que concede a las empresas extranjeras herramientas procesales adicionales frente a las compañías nacionales y que incluso la posibilidad de iniciar un arbitraje puede influir en decisiones de política pública.

Durante la renegociación del TLCAN, el entonces representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, cuestionó ese esquema al considerar que, en algunos casos, funcionaba como un “seguro contra el riesgo político” para inversionistas que trasladaban proyectos al extranjero.

Al mismo tiempo, organizaciones empresariales, legisladores e industrias como la petrolera impulsaron la permanencia de las protecciones existentes al argumentar que resultaban indispensables para inversiones con horizontes de varias décadas.

México buscó conservar las garantías para la inversión

De acuerdo con el documento del Congreso estadounidense, la posición del gobierno mexicano durante la renegociación fue distinta. El país defendió la permanencia del mecanismo por considerarlo un elemento que fortalecía la confianza de los inversionistas y respaldaba el clima de negocios.

El informe también recuerda que en 2018 México suscribió un nuevo marco internacional relacionado con los arbitrajes entre inversionistas y Estados, incluso antes de concluir las negociaciones del T-MEC.

La política energética vuelve a colocarse en el centro de la revisión

El Servicio de Investigación del Congreso anticipa que las reformas aplicadas al sector energético mexicano influirán en la próxima revisión del tratado.

El documento refiere que, tras la apertura energética de 2013, México modificó nuevamente el marco regulatorio a partir de 2018 para fortalecer el papel de las empresas productivas del Estado. Entre las medidas citadas aparece la prioridad otorgada a la electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la reforma aprobada en 2025, que establece que al menos 54% de la electricidad del sistema nacional debe ser producida por la empresa pública, mientras que hasta 46% corresponde al sector privado.

Según el análisis, esos cambios revierten parte de la apertura impulsada en la reforma energética y han sido identificados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) como posibles obstáculos al comercio.

Las diferencias ya forman parte del mecanismo entre gobiernos

Las discrepancias en materia energética ya derivaron en un procedimiento previsto por el propio T-MEC. En 2022, Estados Unidos solicitó consultas formales al considerar que diversas políticas mexicanas incumplen compromisos relacionados con acceso al mercado, inversión y empresas del Estado.

Además, el informe menciona que el Congreso estadounidense analiza iniciativas orientadas a presionar a México durante la revisión del tratado para asegurar un acceso sin discriminación a las empresas energéticas de ese país.

El documento añade que cerca de una tercera parte de los arbitrajes internacionales en materia de inversión están vinculados con proyectos de energía e industrias extractivas, un factor que explica la relevancia que este sector mantiene dentro de la discusión sobre la protección de las inversiones en el marco del T-MEC.