Bloqueos de campesinos y transportistas estrangulan carreteras; gobierno acusa motivaciones políticas
Campesinos y transportistas mexicanos iniciaron bloqueos masivos en carreteras de todo el país la mañana de este lunes (24 de noviembre) para exigir seguridad y precios justos para su trabajo. Los gremios se unieron para demandar al Gobierno Federal que actúe ante la violencia y respete los acuerdos que benefician a los agricultores.
Entre las principales vías terrestres interceptadas se encuentran la autopista Arco Norte, la México-Toluca, Lechería-Texcoco, y la vía José López Portillo, principalmente en el Estado de México. El Gobierno de México, a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha declarado que el diálogo está abierto, pero advirtió que no hay razón para mantener las movilizaciones, sugiriendo que podrían existir “motivaciones políticas”.
Exigencias de seguridad y precios justos en el campo
Las movilizaciones se llevan a cabo mediante la obstrucción de carriles y casetas utilizando tractores, camiones de carga, autobuses y vehículos de todo tipo. Las protestas fueron convocadas por grupos como la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).
Demandas clave:
- Seguridad Vial: Los transportistas están hartos de las extorsiones y secuestros cada vez más frecuentes a sus operadores y exigen a las autoridades actuar para revertir la situación de inseguridad en las carreteras. La preocupación por la violencia ha llevado a un aumento de hasta el 20% en la demanda de blindaje para tractocamiones, según el Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB).
- Justicia Agrícola: Los agricultores exigen mantener el precio de 7,200 pesos por tonelada de maíz. También demandan cambios en la Ley de Aguas Nacionales, que, aseguran, restringe su acceso al agua necesaria para las cosechas.
Postura de la Secretaría de Gobernación y acusaciones
El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, minimizó el alcance de las protestas, informando que hasta las 9:30 horas, solo se registraban movilizaciones en cuatro estados: Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas y Estado de México. Berdegué precisó que la participación total no excedía los 2,000 productores agrícolas (incluyendo transportistas), señalando que “no son los productores, son solo dos organizaciones [quienes participan]”.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez insistió en que el diálogo ha permanecido abierto, y aseveró que los bloqueos no se entienden “a menos que haya motivación política“. Acusó que los líderes de las agrupaciones están vinculados a partidos políticos opositores (PRI, PAN y PRD), buscando generar la idea de falta de atención a las demandas sociales. Además, advirtió que bloquear vías federales es un delito.
Sin embargo, David Ortiz, vicecoordinador de la ANTAC, rechazó que exista comunicación o acuerdos con el Gobierno, calificando las versiones oficiales de diálogo como “mentira”. Ortiz, por su parte, denunció que integrantes de ANTAC han recibido amenazas que incluyen advertencias sobre la apertura de carpetas de investigación.
Impacto en el Arco Norte y logística en Puebla
Aunque los reportes de bloqueos se centraron en estados del norte y centro, la obstrucción de la autopista Arco Norte representa una afectación significativa para el flujo de mercancías y la conectividad en la región central del país, de la cual Puebla forma parte vital.
Antecedentes de las demandas:
- Inseguridad Crónica: La demanda por seguridad es histórica. En los primeros días de noviembre, el gremio transportista ya había bloqueado accesos a la capital, exigiendo la aparición con vida de un compañero secuestrado, Fernando Galindo. La Secretaría de Gobernación ha sostenido 316 reuniones con líderes del sector transportista para abordar la seguridad en carreteras, que involucran a la Guardia Nacional.
- Conflictos Agrícolas: La situación económica del campo mexicano ha sido grave durante al menos siete años, marcada por sequías y pérdidas. Un conflicto reciente en octubre, provocado porque el gobierno ofrecía 6,050 pesos por tonelada de maíz cuando los productores exigían 7,200 pesos, resultó en un acuerdo gubernamental para otorgar un apoyo de 950 pesos por tonelada a 90,000 productores. No obstante, las demandas persisten, ahora centradas en el precio de insumos y la polémica Ley de Aguas.
Pese a los bloqueos, la Secretaria Rodríguez destacó que organizaciones como CANACAR, CONATRAM y FEMATRAC se han deslindado de las movilizaciones, argumentando que el diálogo con las autoridades ha avanzado y que las mesas de trabajo son la vía institucional para atender sus inquietudes.
