Claudia Sheinbaum: “Tienen razón los colectivos”; exige investigar embarazos infantiles

Claudia Sheinbaum reconoce la gravedad de los embarazos infantiles y pide investigaciones

Durante una conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre los casos recientes de embarazo infantil que fueron evidenciados por colectivos feministas a través de un listado viral. La mandataria afirmó que los colectivos “tienen razón” en denunciar estos casos y que se deben investigar de manera inmediata, ya que podrían tratarse de delitos penales.

Lista viral revela nacimientos donde las madres son niñas de 10 a 12 años

Los datos difundidos por una divulgadora de información pública y respaldados por cifras de la Secretaría de Salud federal, presentan 30 casos de nacimientos registrados en los que las madres tienen entre 10 y 12 años. En la mayoría de estos casos, los padres registrados son hombres adultos de entre 30 y hasta 65 años de edad.

En una segunda tabla compartida por las organizaciones, también se incluyen otros 30 casos donde, aunque las madres son mayores de edad, los hombres reconocidos como padres tienen entre 50 y 75 años más que ellas. Estos registros han generado una fuerte preocupación en redes sociales y medios de comunicación, por el claro indicio de abuso sexual y desequilibrio de poder.

“Se deben investigar”: Sheinbaum responde a preguntas sobre medidas gubernamentales

Ante el cuestionamiento de una reportera, Claudia Sheinbaum afirmó que estos casos “claro que se tienen que investigar”, y reiteró que la ley protege siempre a las menores de edad. Reconoció la importancia del trabajo de los colectivos feministas que difundieron esta información y destacó que los embarazos infantiles son resultado de estructuras de violencia de género que deben ser combatidas con políticas públicas efectivas.

Aborto legal para niñas y adolescentes: una urgencia pendiente

En respuesta a los casos evidenciados, la exministra y jurista Olga Sánchez Cordero también se pronunció a favor de la despenalización del aborto en todo el país. A través de su cuenta en la red social X, escribió:

“¡La interrupción legal del embarazo debería estar regulada en todos los códigos penales del país y proceder aún sin el acompañamiento de los padres cuando sea una niña o adolescente!”

Esta postura coincide con las demandas de diversas organizaciones civiles y de derechos humanos que han insistido en que el acceso a la interrupción legal del embarazo debe ser una prioridad para proteger la integridad física y emocional de las niñas y adolescentes.

El embarazo infantil como una forma de violencia estructural en México

El embarazo en niñas y adolescentes no es solo un problema de salud pública, sino una grave limitante para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Según la Secretaría de las Mujeres, este fenómeno impacta negativamente en múltiples áreas: la salud, la permanencia escolar, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas y laborales, así como en el desarrollo humano de quienes lo experimentan.

Organismos internacionales como Unicef advierten que un embarazo en una niña menor de 15 años debe ser considerado un foco rojo para todas las autoridades, ya que implica un contexto de violencia sexual, abuso, y alto riesgo médico. En su informe “Abuso sexual y embarazo forzado en la niñez y adolescencia”, el organismo señala que:

• “Se trata de un momento en el que no está biológicamente madura ni psicológicamente preparada para un embarazo.”
• “Existen riesgos físicos para la gestante, como prematuridad y mayor peligro de muerte.”
• “Las consecuencias sociales son gravosas, ya que afecta la posibilidad de ejercer su derecho a la educación y coarta su acceso al desarrollo personal y laboral.”

Conclusión: urge una respuesta integral del Estado mexicano

Los casos recientemente revelados no solo exponen la crudeza del problema, sino también la necesidad urgente de una respuesta integral del Estado. Desde la presidencia hasta el sistema judicial, todas las instituciones deben garantizar que ninguna niña en México sea obligada a convertirse en madre. La atención debe centrarse en la prevención del abuso, el acceso a la justicia y el acompañamiento digno para las víctimas.