Corte de Miami ordena a García Luna y su esposa pagar 2,488 millones de dólares por desvío de recursos
Una jueza civil en Miami sentenció al exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, al pago de 2 mil 488 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales en el gobierno de México, entre 2012 y 2018. La decisión se tomó sin juicio previo, luego de que ambos acusados no se presentaran a responder la demanda interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2021.
UIF demuestra desvío de más de 580 mdd en contratos ilegales bajo García Luna
El fallo fue emitido por la jueza Lisa Walsh, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida, quien determinó que la pareja incurrió en desfalco y ocultamiento de activos mediante un esquema de contratos públicos con empresas vinculadas al conglomerado Weinberg.
Dado que ninguno de los acusados compareció, ni de forma personal ni mediante representación legal, la corte procedió con una sentencia en rebeldía, lo cual implica que se admiten como ciertos los hechos expuestos por la parte demandante.
Según el fallo, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que Cristina Pereyra afronta una sanción de mil 740 millones, al considerarse que participó activamente en la transferencia de los fondos desviados.
Sentencian a Genaro García Luna por corrupción y lavado en Estados Unidos
De acuerdo con la UIF, entre 2012 y 2018 García Luna y sus colaboradores manipularon contratos de seguridad pública con entidades mexicanas para desviar recursos públicos que luego fueron transferidos a Florida a través de paraísos fiscales y empresas fachada.
“Desde al menos el año 2012 y hasta por lo menos 2018, García Luna y personas que actuaban bajo su dirección transfirieron fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, con el fin de ocultarlos en propiedades y cuentas bancarias”, señala la demanda civil.
El gobierno mexicano identificó al menos 30 contratos adjudicados ilegalmente que permitieron desviar más de 580 millones de dólares, los cuales se usaron para adquirir inmuebles, vehículos de lujo y otros activos en Estados Unidos.
México podrá confiscar propiedades compradas con dinero público en Florida
La sentencia autoriza al gobierno de México a confiscar propiedades localizadas en Florida y otras jurisdicciones cooperantes. En total, se reclamaron 28 inmuebles, de los cuales 18 ya fueron vendidos—12 antes del litigio y seis durante el proceso.
Además, entre los involucrados figuran Samuel y Alexis Weinberg, empresarios de origen israelí, quienes siguen en negociación con la UIF. Excolaboradores como José Francisco Niembro ya han realizado pagos compensatorios.
La UIF presentará un inventario detallado de bienes y cuentas bancarias en la audiencia de “prueba de daños”, a fin de proceder con los embargos.
Este proceso civil es independiente del juicio penal que enfrenta García Luna en Brooklyn, Nueva York, donde fue declarado culpable en 2023 por vínculos con el Cártel de Sinaloa. Fue condenado a 38 años y cuatro meses de prisión, además de una multa de 2 millones de dólares.
Cristina Pereyra también enfrenta una orden de aprehensión en México por lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque no asistió a ninguna audiencia ni mostró intención de defenderse.
Aunque recuperar la totalidad del monto ordenado por la corte será difícil —debido al uso de fideicomisos opacos y reventa de activos—, el caso representa un precedente legal importante para México, al mostrar que la justicia civil en Estados Unidos puede ser una vía efectiva para rastrear y reclamar fondos públicos desviados.
“El fallo confirma la posibilidad de cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para identificar capitales ilegales y resarcir el daño al erario”, destacó la UIF en su posicionamiento oficial.
