La reforma electoral de Claudia Sheinbaum busca reducir el Congreso en 2026
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará ante el Congreso de la Unión, al inicio del periodo ordinario de sesiones en febrero de 2026, una iniciativa de reforma electoral que busca reducir el número de diputados y senadores, así como disminuir el costo de las elecciones y el financiamiento público a partidos políticos. Esta propuesta tiene como objetivo principal “adelgazar” la estructura legislativa y optimizar los recursos públicos destinados a las tareas político-electorales del país.
Claves para la reducción de gastos y la reestructuración del Poder Legislativo
La iniciativa responde a la necesidad de frenar el crecimiento constante del gasto electoral, el cual se estima en más de 25 mil 585 millones de pesos para el sostenimiento de las tareas nacionales en 2026. El planteamiento central busca una reorganización administrativa que permita optimizar funciones y reducir costos, manteniendo el profesionalismo de las instituciones.
Uno de los ejes fundamentales de la reforma es la transformación del mecanismo de asignación de las candidaturas plurinominales. Se pretende establecer un nuevo sistema de elección de legisladores de representación proporcional para que los aspirantes busquen el voto directo, asegurando que la representación en el Congreso refleje de manera más fiel la voluntad popular.
El desglose presupuestario que motiva esta revisión incluye:
- INE: Un presupuesto de 14 mil 99 millones de pesos, de los cuales la mayor parte se destina a la nómina del organismo.
- Partidos políticos: 7 mil 737 millones de pesos por concepto de prerrogativas, cifra que aumenta anualmente debido a fórmulas constitucionales ligadas al padrón electoral.
- TEPJF: Cerca de 3 mil 749 millones de pesos asignados al Tribunal Electoral.
La justificación técnica de la propuesta, analizada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encabezada por Pablo Gómez Álvarez, señala que en los últimos 35 años las nóminas de los órganos electorales crecieron sin una planeación adecuada, absorbiendo actualmente entre el 63 y 69 por ciento de los recursos disponibles.
Antecedentes de la reforma electoral y el panorama político en México
Este nuevo intento de reforma surge tras la anulación del llamado “Plan B” en junio de 2023 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró inconstitucionales diversos cambios planteados en el sexenio anterior. Aunque en 2024 se definieron reglas sobre reelección y candidaturas independientes, el Ejecutivo considera prioritario un cambio estructural profundo bajo los principios de la Cuarta Transformación.
El panorama actual enfrenta posturas divididas: mientras los impulsores de la reforma sostienen que existen gastos duplicados o no justificados, los consejeros del INE han advertido que los constantes recortes presupuestarios podrían poner en riesgo la operatividad de la democracia en México. La discusión legislativa formal comenzará en febrero, aunque se contempla que la propuesta pueda delinearse ante la Comisión Permanente desde enero de 2026.
Impacto de la austeridad republicana en el sistema democrático
Analogía informativa: Podríamos comparar esta reforma con una remodelación estructural de una casa antigua. El gobierno busca quitar muros innecesarios (reducir legisladores) y cambiar el sistema eléctrico para que consuma menos energía (recortar financiamiento), bajo el argumento de que la casa se ha vuelto demasiado costosa de mantener; sin embargo, quienes habitan la casa advierten que si se quitan demasiados soportes, la estructura completa podría perder estabilidad.
