El registro de líneas telefónicas dejó 4.4 millones de números suspendidos y elevó la presión operativa y financiera sobre los operadores

El registro de líneas telefónicas en México ya representa mayores costos y presión operativa para compañías como Telcel, AT&T y Movistar, luego de que la primera fecha del calendario de vinculación derivara en la suspensión de 4.4 millones de líneas y evidenciara problemas técnicos durante el proceso.

La medida, vigente desde enero de 2026, busca combatir delitos como la extorsión telefónica. Sin embargo, su aplicación también ha generado cuestionamientos por el manejo de datos personales y por la capacidad de las empresas para procesar millones de solicitudes de registro y suspender de manera simultánea los números que no cumplen con la nueva obligación.

La suspensión masiva de líneas puso a prueba los sistemas de los operadores

El desafío técnico radica en modificar el estado de millones de líneas que normalmente permanecen activas. Una suspensión masiva requiere coordinar sistemas de facturación, autenticación, tarjetas SIM y eSIM, así como el acceso a redes 4G y 5G y servicios de llamadas, mensajes y datos.

Telcel, que concentra 53.8% de las líneas telefónicas del país, reconoció que sus plataformas de registro presentaron fallas en sistemas de IP, incluso en procesos relacionados con las recargas de prepago. Trabajadores de Telcel, AT&T y Movistar también reportaron a Expansión dificultades técnicas en sus plataformas durante la implementación.

Cuando millones de números cambian de estado en un periodo reducido, las modificaciones deben reflejarse de manera coordinada en diferentes sistemas. Un retraso o error puede ocasionar interrupciones, inconsistencias o una identificación incorrecta de las líneas.

La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) había advertido sobre este riesgo en un documento enviado en junio a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuya copia fue revisada por Expansión.

La asociación señaló que deshabilitar al mismo tiempo las líneas que no hubieran sido vinculadas podía afectar la estabilidad de las redes y provocar una saturación de los sistemas de gestión.

“La Asociación aseguró que una operación de esa magnitud ejecutada en un solo momento podría saturar los sistemas de gestión de red, generar fallas en cadena y comprometer la prestación del servicio para el universo de usuarios que sí cumplió con la vinculación”.

El problema también puede involucrar a los sistemas gubernamentales y de los mayoristas. Si un usuario no consigue completar correctamente el procedimiento, puede agotar los tres intentos disponibles y quedar en riesgo de que su línea no sea registrada.

El caso de Roberto Cruz refleja esa situación. El usuario intentó vincular su línea pocas horas antes de que concluyera el plazo, pero el número terminó suspendido debido a la congestión de los sistemas del operador.

Para la AMOMVAC, esta situación representa una carga para quienes intentaron cumplir con el registro y también puede generar pérdidas para las empresas.

“Esto impone una carga desproporcionada a quienes actuaron de buena fe para su registro y podría derivar en la suspensión automática de líneas y pérdida de ingresos para los operadores. Los proveedores no cuentan con la capacidad técnica para ejecutar una deshabilitación masiva de millones de líneas”.

El registro de líneas también incrementa los costos de las empresas

Además de las modificaciones tecnológicas, el padrón de telefonía implica inversiones y gastos adicionales para los operadores. En el proyecto de lineamientos, la CRT estimó que poner en marcha la política requeriría una inyección de capital superior a 4,053 millones de pesos.

De ese monto, 22 millones de pesos corresponderían al desarrollo de la plataforma, mientras que la validación de identidad representaría el principal desembolso, con 4,031 millones de pesos.

Altán Redes, Telcel y AT&T fueron los operadores responsables de desarrollar las plataformas de acceso y consulta destinadas al registro de las 157.1 millones de líneas telefónicas activas en México.

A estos recursos se suma el costo de verificar la identidad de cada usuario. Fuentes con conocimiento del tema señalaron anteriormente a Expansión que cada validación tiene un precio de 3.45 pesos más IVA.

Aunque el monto individual es reducido, el impacto acumulado resulta relevante para los operadores móviles virtuales, cuyos ingresos por usuario son menores. En este segmento, el ARPU ronda los 60 pesos.

Por ejemplo, Bromovil contaba con 60,194 usuarios de acuerdo con el último dato público del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Con ese número de clientes, las validaciones representarían alrededor de 207,669 pesos, frente a una facturación mensual aproximada de 3.6 millones de pesos.

Movistar reporta una inversión de 4 millones de dólares para cumplir con la regulación

La carga financiera también se refleja entre los operadores con infraestructura propia. Telefónica México, compañía que opera la marca Movistar, informó a Expansión que desde enero ha destinado alrededor de 4 millones de dólares al desarrollo de plataformas, adecuaciones tecnológicas, fortalecimiento de sistemas y rediseño de procesos.

La empresa explicó que el cumplimiento de las nuevas obligaciones también modificó los procesos de contratación, activación y conservación del servicio. Para ello fue necesario incorporar nuevos pasos de validación, con mayores cargas operativas y nuevas fricciones para los usuarios.

“Consideramos que estos costos económicos, operativos y comerciales deben considerarse durante la evaluación de efectividad de la norma. Para nosotros es importante hacer notar que el cumplimiento de esta norma ha representado un esfuerzo financiero y operativo significativo y que está produciendo cambios estructurales en la operación del mercado”.

La AMOMVAC sostiene que el impacto es particularmente relevante para los operadores móviles virtuales, debido a que manejan márgenes más estrechos que los concesionarios con infraestructura propia. Entre las cargas señaladas están la verificación documental, las adecuaciones tecnológicas, el resguardo de datos y las obligaciones de reporte.

De acuerdo con la asociación, estos gastos también podrían afectar la competencia al dificultar el ingreso de nuevos operadores y eventualmente trasladarse a los consumidores mediante mayores precios o menores incentivos comerciales.

Menos de la mitad de las líneas había completado la vinculación al 19 de agosto

El proceso de registro de líneas móviles todavía se encuentra lejos de concluir. Hasta el 19 de agosto se habían vinculado 73.2 millones de líneas, equivalentes a 46.5% de las 157.1 millones de líneas activas en México.

Por lo tanto, más de la mitad de las líneas todavía no había completado el procedimiento. El siguiente corte del calendario está previsto para el 31 de agosto, fecha en la que nuevamente se pondrá a prueba la capacidad de los operadores para atender un volumen elevado de solicitudes y suspender posteriormente las líneas que no cumplan con los requisitos.

Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, consideró que la premura de la autoridad para acelerar el proceso pudo presionar a los operadores a realizar cambios en un periodo reducido. A su juicio, las fallas no necesariamente significan una incapacidad técnica, sino que podrían estar relacionadas con la falta de preparación para absorber la demanda y ejecutar las suspensiones de manera ordenada.

“Todos estos temas regulatorios crean afectaciones y los operadores deben estar listos para que las redes funcionen adecuadamente, pero no tenemos claridad si la autoridad es consciente de los cambios y proceso que implican sus políticas”.

El especialista también señaló que los operadores tendrán que perfeccionar sus mecanismos de vinculación y, en algunos casos, realizar nuevas inversiones para garantizar que el registro funcione correctamente.

La CRT ha enfatizado que no habrá nuevas prórrogas para completar la vinculación. Ante el próximo corte, Moreno Loza consideró necesario que la autoridad establezca mecanismos para prevenir otra saturación de las plataformas y ofrecer mayor certidumbre a los usuarios.

El abogado añadió que parte de la población ha percibido la medida más como “algo autoritario que como un mecanismo de protección” y advirtió sobre la tensión que existe alrededor del acceso a los servicios de conectividad.

“La autoridad tendría que acompañar estos procesos y más porque hay mucha reticencia y enojo por parte de la población. Estamos ante una política que choca con derechos fundamentales como es el acceso a los servicios de conectividad”.